El Gobierno polaco adoptó un proyecto de ley sobre la seguridad del suministro de gas por el que se limitarán los precios al consumo doméstico y de servicios públicos hasta finales de 2027.
Alcances de la medida
La disposición, anunciada en rueda de prensa en Varsovia por el portavoz del Gobierno, Piotr Müller, obligará a que el precio final al consumidor del gas que se utiliza en hogares, escuelas, hospitales y guarderías sea controlado por la Oficina de Regulación de Energía.
Para reducir la inflación
El Gobierno comenzó el pasado enero a intervenir el precio del gas para aliviar el impacto de la inflación en los hogares, una medida que, inicialmente, estaba prevista hasta finales de 2023 y que ahora se extenderá hasta 2027.
Sin embargo, la nueva legislación implica que también existirá la opción de proteger el precio de las subidas a través del uso de “mecanismos especiales del Estado,” según el portavoz.
Fondo especial
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Ello implica la obligación de que las empresas mantengan estables sus tarifas, aunque se las compensará con un fondo especial creado con este propósito, mientras que los hogares con rentas bajas seguirán recibiendo cheques energéticos.
Intervención a empresas privadas
Además, la nueva ley otorgará al Ministerio de Energía potestad para declarar, si procede, el estado de crisis por un período específico y poder intervenir en la actividad de las empresas privadas con el objetivo de garantizar la seguridad y equidad en el suministro de gas, explicó Müller.
Almacenamiento obligatorio
Por otro lado, se impondrá la obligación a los operadores de almacenar como mínimo el equivalente a 45 días de consumo de gas en la reserva, en lugar de los 40 días actuales.
Finalmente, todas las empresas requerirán una licencia para poder comerciar con combustibles o gas, incluidas las que facturen menos de 22.000 euros anuales, que hasta ahora estaban exentas de esta obligación.
Diversas medidas
La lista de medidas incluye la reducción del impuesto sobre la renta al 12 %, un nuevo IVA del 0 % para los alimentos y la rebaja del 23 al 8 % del que grava los combustibles, además de unas “vacaciones crediticias” en el pago de hipotecas, que permiten diferir un año el abono de tres de sus mensualidades.
