«La regulación tomará fuerza cuando los políticos entiendan el poder de Bitcoin»

Los avances que se han dado en materia de regulación en América Latina fueron parte de los debates que se presentaron esta semana, en el marco de la Blockchain Summit Latam 2024 que se lleva a cabo en Colombia. 

El tema fue abordado por expertos de la región que expusieron las experiencias que se viven en sus países y compartieron su visión sobre el futuro de las leyes para los criptoactivos en Latinoamérica.  

Con este fin se presentó un panel conformado por la diputada Mariela Baldivieso de Bolivia; junto al Cluster Leader de iitos Group de Costa Rica, José Miguel Zamora. Con ellos estuvieron también Claudia Hernández, analista de Políticas para Centroamérica de Global Financial Integrity de El Salvador; y Editza Oliveros, directora general de O&A Consulting en Venezuela.  

En términos generales, los panelistas observan la necesidad que existe de que los gobernantes se dediquen a regular el ecosistema. Sobre todo, tomando en cuenta el enorme crecimiento que experimenta el sector en toda la región, el cual se hace cada vez más evidente con el auge de la adopción.

Es por ello que piensan que está más cerca el momento en que los políticos entiendan el poder de bitcoin (BTC). Esto será así, a medida que la industria de las criptomonedas se une más con las finanzas tradicionales. El acercamiento de los bancos a las criptomonedas y nuevos productos hará que el conocimiento de esta industria sea obligatorio, señalan los panelistas, agregando que en ese momento tomará más impulso la regulación.

Insisten, por tanto, en la importancia de educar a los gobernantes y a los políticos para que las nuevas leyes que surjan sean favorables y para poder superar el desnivel presente entre los distintos países de la región.

Las diferencias en las regulaciones y el rol de El Salvador

El desnivel que existe en los distintos países latinoamericanos en lo que se relaciona con la regulación del ecosistema se hizo evidente, a medida que los ponentes narraban las experiencias locales.  

En ese sentido, es claro el contraste de la mayoría de los países con El Salvador, que se erige como líder al tener una de las regulaciones más completas –que parten de tener a bitcoin como moneda de curso desde el año 2021–.  

A partir de la decisión tomada por el presidente Nayib Bukele, los esfuerzos del gobierno salvadoreño se dirigen actualmente a la educación de los usuarios para fomentar un mayor nivel de adopción, y al desarrollo de proyectos que atraigan más inversión.  

Al respecto, Claudia Hernández asegura que en el país existen alrededor de 21 normas e instructivos relacionadas con el sector y que se han derivado de la Ley Bitcoin.  

Citó entre las legislaciones, las que se han aprobado como la Ley para la emisión de activos digitales promulgada el año pasado y el proyecto para bancos de inversión que está en espera de aprobación.  

Bolivia, por su parte, apenas está iniciando un nuevo camino, luego de que el gobierno eliminara la prohibición al uso de criptomonedas que estuvo vigente desde 2014 hasta junio pasado.  

Tal como relató la diputada Baldivieso, fue un largo proceso para convencer al gobierno boliviano de la necesidad de dar libertad para el uso de criptoactivos. Una idea que solo se comprendió en medio de la crisis que existe por la escasez de dólares.  

En Venezuela la situación es distinta. El país suramericano se califica como otro de los pioneros en materia de regulación, con la creación de un organismo supervisor y el lanzamiento de una moneda digital en 2018. Sobre ello, Editza Oliveros citó una lista de más de 20 decretos emanados de las autoridades, que han dado piso legal a la adopción de criptomonedas incluyendo la minería de Bitcoin.  

«Al menos en teoría, existe una regulación que dice que los pagos con criptoactivos son legales en Venezuela y que además establece el pago de impuestos y su inclusión en los registros contables de las empresas», comenta Oliveros. Tema aparte han sido las circunstancias políticas del país, que han dificultado la aplicación práctica de todos estos proyectos y de la legislación.  

El panorama cambia en Costa Rica, donde no existe una regulación. «Aunque hubo un ligero avance en 2019, cuando el Banco Central decidió calificar a las criptomonedas como activos, negando la posibilidad de considerarlas como monedas», explica José Zamora. 

Fue así como el gobierno costarricense avanzó hacia lo que denomina «tolerancia vigilante». Esto significa que se acepta que existen transacciones y comercio, pero no hay regulación.  

Zamora recuerda que en estos últimos 5 años se han presentado varios proyectos de ley, pero, tal como ha informado CriptoNoticias, hasta ahora no han avanzado.  No obstante, asegura que las cosas están a punto de cambiar, pues se están dando acercamientos entre el gobierno y representantes del ecosistema para debatir una nueva propuesta.

Como cierre, los panelistas esperan que que la mayoría de los avances que se produzcan en los países de la región se hagan «inspirándonos en El Salvador, que tiene la regulación más completa».  

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