El gobierno de El Salvador no tiene dudas sobre el futuro de bitcoin. A pesar de las advertencias que el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió la semana pasada sobre los riesgos de adoptar BTC como moneda de curso legal en el país; las autoridades parecen tener clara su posición.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya; dijo este lunes en televisión que “ningún organismo internacional nos va a obligar a hacer nada, nada en lo absoluto”. Su enojo fue una respuesta a un comunicado del FMI que sugiere que la adopción de bitcoin en El Salvador representa riesgos para la estabilidad financiera en el país.

“Ellos (el FMI) nos señalan una serie de iniciativas a implementar, nosotros vamos a implementar estas otras”, señaló, en relación a la demanda del organismo de reducir la deuda y aumentar los ingresos; conclusiones que se desprenden de una consulta realizada al personal técnico del FMI a propósito de su revisión anual al Artículo IV.

La semana pasada el FMI solicitó a El Salvador, disolver el fondo de USD 150 millones que se creó cuando el gobierno adoptó bitcoin como moneda de curso legal. De acuerdo con el organismo internacional, esos fondos deberían volver a la tesorería de la nación para evitar la volatilidad del precio de bitcoin y que ese dinero caiga en manos de delincuentes.

Como respuesta, Zelaya comentó que “los países son naciones soberanas y toman decisiones soberanas sobre políticas públicas”.

Las negociaciones sobre un préstamo del FMI se podrían estancar

El Salvador y el FMI han estado negociando el préstamo de USD 1.300 millones para sostener el crecimiento económico de los últimos años, pero las diferencias sobre cómo manejar las políticas monetarias en el país podrían significar un obstáculo para ese objetivo.

Zelaya acotó en este sentido que el uso de bitcoin «es un factor de análisis y de mitigación de riesgo, como cualquier cosa». Además, asegura que en las negociaciones con el FMI ha habido diferentes enfoques y eso no ha sido un problema para avanzar.

Citó por ejemplo el caso del aumento a los impuestos sugerido por el organismo, que finalmente no se ejecutó porque El Salvador propuso que la alternativa era combatir la evasión. El FMI estuvo de acuerdo, dijo.

Según el comunicado del FMI, el déficit fiscal se proyecta en 5,8% del PIB en 2021 y cerca del 5% en 2022. «Con las políticas vigentes, la deuda pública subiría a alrededor de 96% del PIB en 2026, en una trayectoria insostenible». En noviembre, el organismo admitía que estimaban que el crecimiento económico del país llegara al 10%.

Otro factor que está sobre la mesa en estas negociaciones es la emisión de bonos de bitcoin que el gobierno pretende ejecutar a comienzos de marzo, como expresó el ministro Zelaya, y que de acuerdo con el FMI son un motivo de «preocupación».

Zelaya admitió que bitcoin “no es la solución completa para las finanzas públicas, es una parte, pero estamos con manejo de la deuda de corto plazo”.