Vigilancia Tributaria sobre Inversionistas de Criptomonedas en España
Los inversores en bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en España están constantemente bajo la lupa de la Agencia Tributaria, especialmente aquellos que no cumplen con la obligación de declarar sus activos digitales. El gobierno español ha implementado un riguroso proceso de investigación que, en algunos casos, puede llegar a rozar los límites de la privacidad.
Creciente Número de Contribuyentes en el Radar
Según datos de la Agencia Tributaria, aproximadamente un millón de contribuyentes en España poseen bitcoin y otros criptoactivos. En abril pasado, la oficina tributaria envió avisos preventivos a 948,000 inversores en estos activos digitales, alertándolos sobre la necesidad de declarar sus tenencias.
Consecuencias de No Declarar
La Agencia Tributaria tiene la capacidad de identificar a los infractores y aplicar sanciones severas a aquellos que no informan al Estado español sobre sus tenencias de BTC y otras criptomonedas. José Antonio Bravo, economista tributario y director de la firma jurídica Fiscal Crypto, explicó cómo los inspectores fiscales investigan a los inversores en criptomonedas.
Discrepancias en la Información Declarada
Las investigaciones suelen iniciarse cuando hay una discrepancia entre los datos proporcionados por el contribuyente y la información que ya posee la Agencia Tributaria. Esta información se obtiene comúnmente a través de los modelos 172 y 173, que afectan directamente a los exchanges de criptoactivos y otras plataformas. Además, se realizan requerimientos a bancos y otras entidades financieras para acceder a información sobre transferencias de fondos desde y hacia exchanges y otros proveedores de servicios de criptomonedas.
Procedimientos de Investigación
Cuando la Agencia Tributaria detecta que un contribuyente ha realizado una operación que generó un rendimiento y no la declaró, se inician procedimientos para que esa ganancia patrimonial salga a la luz. Estos operativos son llevados a cabo por los órganos de gestión e inspección del brazo tributario de Hacienda.
Requerimientos de Información
Las inspecciones comienzan con la emisión de un requerimiento de información hacia un contribuyente previamente identificado. Este requerimiento debe ser respondido en un plazo máximo de 10 días hábiles. Posteriormente, se pueden emitir más requerimientos hasta que la Agencia Tributaria llegue a conclusiones sobre la veracidad de lo declarado o la necesidad de recalcular el impuesto a pagar, junto con las correspondientes sanciones e intereses de demora.
Importancia de Proveer Toda la Documentación
Bravo subraya la importancia de que los inversores en criptomonedas en España proporcionen toda la información posible a la autoridad tributaria. La falta de documentación o de respuesta a los requerimientos puede resultar en graves consecuencias monetarias. En general, esta conducta puede llevar a que la Agencia Tributaria realice una valoración estimada de los impuestos a pagar, que suele ser más gravosa que la obtenida a partir de los datos proporcionados.
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Colaboración con la Inspección
Para evitar sanciones, Bravo recomienda colaborar plenamente con la inspección y aportar el mayor número de pruebas posible. La Agencia Tributaria tiene la facultad de cargar un impuesto por indicios a los inversores en criptomonedas. Esto significa que si no se justifica el origen de los fondos, la administración puede determinar que ese dinero es una ganancia patrimonial no justificada.
Sanciones Potenciales
En caso de no poder justificar el origen de los fondos, se puede imputar su valor de mercado en la base general con un tipo marginal máximo del 48%, en lugar de en la base del ahorro, que tiene un tipo marginal máximo del 28%. Además, pueden derivarse sanciones de hasta el 150% de la cuota estimada a pagar por no tener documentación que respalde los movimientos.
la colaboración y la transparencia con la Agencia Tributaria son esenciales para los inversores en criptomonedas en España, a fin de evitar sanciones severas y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
